LA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PRESENTA INTERÉS CASACIONAL

La Arantza González López. Letrada del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco.

El Auto de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2017, recurso de casación nº 262/2016, aprecia interés casacional en la determinación de la cuantía del recurso.

Hasta ahora los autos de admisión del recurso de casación han tenido una tónica común, centrada casi en exclusiva en la apreciación del interés casacional objetivo vinculado a la interpretación de normas sustantivas.
Los intentos de justificar el ansiado interés casacional objetivo en la vulneración de normas procesales ha tenido hasta ahora escaso éxito, aunque el Tribunal Supremo en su auto de 21 de marzo de 2017 (recurso nº 308/2016), parece abrir una puerta a la esperanza al admitir que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia la determinación de si se ha producido la incongruencia por error -en relación con una cuestión que no es el caso concretar-.
En verdad, el nuevo modelo del recurso de casación parece desconectarse, salvo excepciones, de los errores in procedendo, pero no de la interpretación de las normas procesales.
El Auto de la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2017, recurso de casación nº 262/2016, es un buen ejemplo del interés casacional que presenta la interpretación de algunos preceptos de la Ley Jurisdiccional (ya lo han sido el Auto de 27 de enero de 2015, recurso de casación nº 1/2016, que somete a examen la interpretación del artículo 108.3 LJCA, en relación con el artículo 105.2 del mismo texto legal y el Auto de 23 de marzo de 2017, recurso de casación 191/2007, en relación con los artículos 19.1.a) y 69.a) LJCA; ambos en relación con el artículo 24 CE).
La cuestión que subyace a la admisión del recurso de casación es la imposición de sanción disciplinaria de un mes de suspensión de funciones, con pérdida de las retribuciones correspondientes a un agente del Cuerpo de la Policía de la Generalitat-Mossos d`Escuadra. Sanción que comportaba también, durante ese tiempo, la retirada del arma y de la credencial reglamentaria, la prohibición de uso del uniforme si procede y la prohibición de entrar en las dependencias del cuerpo de Mossos d`Escuadra sin autorización.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 12 de Barcelona dictó sentencia el 6 de noviembre de 2015, en la que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación del agente, frente a la que recurre en apelación la Administración de la Generalitat de Catalunya. Se plantea en sede de apelación la inadmisibilidad del recurso de apelación, que desestima la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El fundamento de la admisión del recurso de apelación trae causa de la naturaleza de la sanción, que no tiene solo consecuencias económicas sino, también, otras de tipo administrativo –consignación de la sanción en el expediente administrativo del agente, repercusiones en el sistema de su Seguridad Social, de forma que la Sala reputa el recurso de cuantía indeterminada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 LJCA.
La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aprecia interés casacional objetivo es las siguientes cuestiones:

• Si ha de reputarse indeterminada o determinable la cuantía de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una sanción disciplinaria de un mes de suspensión de funciones, con pérdida de las retribuciones correspondientes, notoriamente muy inferiores a 30.000 euros, en el que únicamente se pretende la anulación de la resolución sancionadora más el restablecimiento de los derechos de los que directamente privó.
• Y, de ser determinable, qué conceptos han de ser tomados en consideración para el cálculo y fijación de la cuantía
Advierte el Tribunal Supremo acertadamente que sobre esas concretas cuestiones no existe jurisprudencia, ya que antes de la entrada en vigor de la reforma operada por la Disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio , no eran recurribles en casación las sentencias que se referían a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones públicas, salvo que afectaran al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, lo que no es el caso.
La sentencia de casación resolverá un interrogante que, además de afectar a un número muy numeroso de casos, bien podría trasladarse mutatis mutandis a otros ámbitos distintos del disciplinario: ¿además del valor económico de la pretensión objeto del recurso ha de estarse en la determinación de su cuantía a las consecuencias administrativas y de otra índole, tengan o no traducción económica, anudadas a la sanción impuesta?
Podrá comprenderse con facilidad la relevancia del caso. Esperemos que la sentencia llegue cuanto antes.

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